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Mª Mercedes Bernabé Pérez

Profesora del Departamento de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Murcia. Cátedra de Empresa Familiar Mare Nostrum

La Opinión, Encuentros 1 mayo 2016


Desde hace algún tiempo, el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) está redactando una reforma de la normativa contable que va a afectar a las pymes españolas, como consecuencia de una directiva contable europea aprobada en 2013 y que debería comenzar a aplicarse a partir de 2016. Bien es verdad que, dada la situación política española, no parece probable que esta nueva norma vaya aprobarse en breve. No obstante, y considerando que la transposición de una directiva supone una adaptación de su contenido a las circunstancias de cada país de la Unión Europea, sería conveniente analizar los principales cambios que se podrían producir y que afectarían a un gran número de empresas familiares, dado que la inmensa mayoría de las empresas familiares españolas se engloban dentro del ámbito de las pymes.

La idea que subyace en esta reforma es la de minorar y simplificar las cargas administrativas de las pymes en relación con sus obligaciones contables, ya que no parece proporcional que tengan que soportar las mismas obligaciones de esta índole que las grandes empresas a la hora de elaborar su información financiera. Se atendería así a una de las demandas más reiteradas por las empresas familiares sobre la reducción y simplificación de los trámites administrativos. No obstante, otra cuestión a debatir sería si dado que la información financiera es un instrumento necesario para la continuidad económica y financiera de la empresa y una pieza clave para tomar decisiones, una disminución de su contenido informativo podría ser un inconveniente de cara a su supervivencia.

Un aspecto a considerar sería la redefinición de pequeñas y medianas empresas, que ya ha sido aprobada por la reciente Ley de Auditoría de Cuentas de 2015 y que amplía los límites vigentes en la normativa anterior en relación con los activos totales de la empresa y con su cifra neta de ventas. Un mayor número de empresas familiares pasan a estar bajo el ámbito de esta definición, pudiendo, por tanto, beneficiarse de la aplicación de la norma contable para pymes. La Ley de Auditoría de Cuentas ya libera a las pymes de la obligación de elaborar el estado de cambios en el patrimonio neto y dado que el estado de tesorería no era obligatorio para ellas, la elaboración de las cuentas anuales quedaría sujeta al balance, la cuenta de resultados y la memoria. Además, la directiva contable contempla la simplificación y reducción del contenido de la memoria, por lo que las pymes empresas familiares reducirían de forma considerable sus esfuerzos y recursos destinados a estas tareas.

La directiva contable también contempla la amortización de todos los activos intangibles y, en concreto, la del fondo de comercio en un período de tiempo entre 5 y 10 años. Además, los gastos de establecimiento y constitución pasarían a activarse y las deudas de las empresas se valorarían por su valor nominal. Por otro lado, y salvo para determinados instrumentos financieros, el único criterio de valoración sería el coste histórico (precio de adquisición o coste de producción). Cierto es que la transposición de todas estas cuestiones al ordenamiento jurídico español supondría una vuelta a la norma contable que estuvo vigente en España desde 1991 hasta 2007 y habría que ver hasta qué punto el ICAC estaría dispuesto a ello.

 


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