Colaboraciones medios

 

Pedro Ángel Colao Marín

Profesor del Departamento de Ciencias Jurídicas de la Universidad Politécnica de Cartagena. Miembro de la Cátedra de Empresa Familiar.

La Opinión, Encuentros 5 junio 2016

No es ya que sean lugares comunes, sino que trascienden esa situación para tener la naturaleza de realidades consabidas, repetidas, sobre las cuales ya no merece la pena ni siquiera hablar, de puro cansancio. Pero en un determinado momento explotan. Ahí va la confluencia de algunas.

Crisis inmobiliaria. Es difícil encontrar antecedentes en los que el suelo, a lo largo de los años, bajase de valor. En un país como el nuestro, en el que la construcción ha tenido el peso relativo que ha tenido, y de forma especialmente significada en los tiempos de la burbuja, dicha concepción del incremento eterno y perpetuo del valor del suelo, además, vino acompañada de una especie de sensación de aumento impresionante, casi épico, de los precios/valores. Sucede, sin embargo, que (como parece que pasa en la mecánica cuántica, en que las reglas de espacio y tiempo a las que estamos habituados no rigen; las cosas pueden estar en dos sitios al mismo tiempo, estar y no estar a la vez, o llegar a su destino antes de salir); sucede, digo, que el suelo urbano puede bajar de valor.

La Administración municipal es la hermana pobre de las Administraciones. Es así, y se nota en el reparto. Cuando hay que gravar riqueza, Estado y Comunidades autónomas, (fundamentalmente, creo que por fortuna, el primero), se hacen titulares de la mayor parte. A los Ayuntamientos les quedan algunas manifestaciones de riqueza que gravar, generalmente ya gravadas por otros conceptos por el Estado e incluso por las Comunidades autónomas.

Exposición de los impuestos locales al sector inmobiliario. Unas veces de forma plenamente justificada y otras a lo mejor menos, pero lo cierto es que los impuestos municipales se basan en gran medida en la titularidad de inmuebles y en las actividades relacionadas con ellos: el Impuesto sobre Bienes Inmuebles grava la titularidad de derechos; el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, la realización de éstas, y el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, (Plusvalía), los incrementos manifestados como consecuencia de la transmisión de terrenos urbanos o de la constitución o transmisión de ciertos derechos sobre ellos; todo lo anterior sin olvidar las contribuciones especiales, o las tasas que gravan la utilización o aprovechamiento especial del dominio público.

Ahora muchos suelos están bajando de valor, y después de años de aceptación más o menos tímida, recientemente son un río las sentencias que han declarado que cuando en una transmisión de terrenos urbanos se demuestra que el valor ha disminuido con respecto al que tenía en el momento de la adquisición, no hay que tributar por Plusvalía. La interpretación, a mi juicio, es perfectamente lógica en función de las normas y criterios jurídicos aplicables, pero ha cristalizado precisamente ahora, en los últimos años. Y ha cristalizado de manera justa. Ahora se plantea una situación: por un lado, si no hay riqueza no se debe de tributar; por otro, los Ayuntamientos tienen un catálogo de funciones inacabable, y necesitan fondos. Otro problema no resuelto sobre la mesa.

 


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