Colaboraciones medios

 

 Antonio Duréndez Gómez-Guillamón. Subidrector Cátedra Empresa Familiar Mare Nostrum. Departamento de Economía Financiera y Contabilidad. Universidad Politécnica de Cartagena

La Opinión - Encuentros 7 agosto 2016


La Ley de Sociedades de Capital recoge que los accionistas tienen un conjunto de derechos, de carácter político y económico, que se concretan en participar en las ganancias sociales y el patrimonio resultante en caso de liquidación, en la suscripción preferente de nuevas acciones, en asistir y votar en la junta general, así como en el derecho de información.

No obstante, además de los derechos políticos y económicos legalmente establecidos, los accionistas de la familia empresaria también tienen obligaciones y expectativas diferentes según su grado de dedicación e implicación en la empresa. En este sentido, y atendiendo al ciclo de vida de la empresa familiar, cuando se llega a la segunda y sucesivas generaciones nos podemos encontrar con accionistas familiares que adoptan diferentes roles. De una parte, el accionista que tiene un papel activo en la gestión y marcha de la sociedad puesto que trabaja en ella (accionista activo), asumiendo un grado de responsabilidad muy alto y velando como socio preferentemente por la reinversión de beneficios para asegurar la continuidad y la independencia financiera. De otra parte, el accionista familiar que no trabaja en la empresa (accionista pasivo) y que, sin implicarse en la gestión diaria, mantiene la expectativa de recibir un rédito anual por sus participaciones, debiendo también asumir la obligación de asistir y participar en los órganos de gobierno, así como de velar por que sus decisiones como accionista aseguren tanto su rentabilidad como la continuidad de la empresa y el legado familiar a las siguientes generaciones.

Además, resulta esencial conocer las oportunidades que ofrece la legislación mercantil para planificar el futuro papel de los accionistas familiares. Por ejemplo, existe la posibilidad de que los accionistas familiares que sólo participan como meros inversores puedan asumir acciones y participaciones sin voto, que permiten adquirir la condición de socio capitalista manteniendo una remuneración especial por renunciar al derecho al voto y, por tanto, a participar en las decisiones estratégicas de la empresa. Aunque el hecho de recurrir a accionariado sin voto repercute en las posibilidades financieras de la empresa familiar, puesto que a efectos contables dichas participaciones se consideran como financiación ajena, aumentando el nivel de endeudamiento de la empresa. Otra figura recogida en la Ley son las prestaciones accesorias por las que los miembros familiares pueden comprometerse a asumir determinadas tareas a favor de la empresa familiar; o incluso la posibilidad, actualmente en suspenso, de que el accionista familiar pueda ejercer el derecho de separación en caso de falta de distribución de dividendos contados a partir del quinto año de vida de la sociedad. De igual modo, cabe considerar la posibilidad del usufructo de acciones que garantice al fundador de la empresa familiar un rendimiento sin influir en la toma de decisiones, una vez transmitidas las acciones a la siguiente generación.

En resumen, es imprescindible plantear una política que regule los derechos y obligaciones de los accionistas familiares que debe establecerse y tratarse en los instrumentos de gobierno propios de las empresas familiares como son la Asamblea Familiar, el Consejo de Familia y el Protocolo Familiar.

 


Colaboradores

                  

 

Menu