Antonio Duréndez Gómez-Guillamón. Cátedra Empresa Familiar Mare Nostrum. Profesor Departamento de Economía Financiera y Contabilidad. Universidad Politécnica de Cartagena

La Opinión - Encuentros diciembre 2014

En 2009 el tristemente conocido grupo empresarial Nueva Rumasa hacía una emisión de títulos de renta fija (pagarés extraordinarios de empresa) con un valor nominal de 50.000€, un tipo de interés anual del 10% y un vencimiento a dos años. Se los quitaron de las manos, aún no teniendo ningún tipo de garantía que los avalara y sin la necesidad de recurrir a un mercado organizado para su negociación. La consecuencia, Nueva Rumasa supera las fuertes restricciones crediticias que ahogaban al grupo tras la no renovación de su financiación bancaria. El final del grupo ha sido otro por diferentes motivos que no vienen al caso. Esta operación dio mucho que hablar, entre otras cosas, por escapar al control de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y por provocar que el Gobierno tuviera que realizar determinados cambios legislativos.

La buena noticia, en octubre de 2013, tras el compromiso del Gobierno con la Unión Europea (Memorando de Entendimiento, 2012) de buscar soluciones financieras alternativas en el contexto de la crisis financiera, se decide impulsar el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) con el fin de promover una mayor autonomía financiera y menor dependencia bancaria con la emisión de deuda por parte de las pequeñas y medianas empresas. El MARF se caracteriza por ser un nuevo mercado de negociación de emisiones de deuda mediante valores de renta fija destinado en exclusiva a inversores cualificados. El mercado se organiza mediante la participación de cuatro agentes: las entidades mediadoras, los miembros del mercado, las agencias de calificación y los asesores registrados. Los títulos de renta fija que se pueden emitir son pagarés, bonos u obligaciones con un valor nominal unitario de 100.000€. Los emisores deben ser sociedades anónimas y cumplir con unos requisitos formales periódicos de información y transparencia, así como con la calificación crediticia del emisor por una agencia acreditada.

La mala noticia es que, aunque parece que la intención del MARF es ofrecer alternativas de financiación a las pymes y, por tanto, también a las empresas familiares, a día de hoy, es un mercado para medianas y grandes sociedades, con considerables costes de salida y sin la participación directa de inversores minoritarios. Las emisiones actuales están por encima de 10 millones de euros. De hecho, en la actualidad, sociedades como Audax, Copasa, Eysa, Ortiz, Tecnocom y Auriga tienen bonos y obligaciones cotizados, con emisiones que llegan hasta los 75 millones de euros, cupones que oscilan entre 5,75% y 7,5% y vencimientos de hasta ocho años. De otra parte, existen pagarés de empresa a corto plazo emitidos por sociedades como Elecnor, Europac, Tubacex, Barceló o Copasa, con emisiones que llegan a los 100 millones de euros y de sectores tan variados como el papel, metal-mecánico, construcción, inmobiliario, energía y agua, comercio o nuevas tecnologías.

Aunque, sin duda, el MARF ha supuesto un paso adelante en la dirección correcta, todavía queda mucho camino por recorrer para que puedan participar en el mercado las pymes familiares. Para ello, deberían adoptarse medidas que flexibilizaran más el mercado y contar con suficientes incentivos fiscales y ayudas para costear la salida.