Carlos Díez Soto
Cátedra Empresa Familiar Mare Nostrum. Catedrático Derecho Civil de la Universidad de Murcia
La Opinión - Encuentros 3 de abril 2019
Un interesante Dictamen publicado por el Comité Económico y Social Europeo a principios de 2018 (DOUE, C-81, de 2 de marzo de 2018) viene a poner el acento sobre la necesidad de reorientar algunas de las políticas que desde la Unión Europea se vienen desarrollando en apoyo de las PYMES, con objeto de focalizar la atención sobre las pequeñas empresas familiares y tradicionales. Se trata de un sector en el que se integran un gran número de microempresas, empresas unipersonales y trabajadores por cuenta propia, con frecuencia enraizadas en zonas remotas (pequeñas ciudades, pueblos, regiones de montaña, islas, etc.), y a menudo con un fuerte componente local y artesanal en su actividad.
El documento trata de poner de manifiesto que algunas de las líneas de actuación sobre las que viene insistiendo la UE (como el apoyo a la investigación y la innovación, la apuesta por los sectores económicos emergentes y de rápido crecimiento, la búsqueda de nuevos modelos de financiación fundados en el capital riesgo, la internacionalización o la digitalización, etc.) es poco probable que lleguen a beneficiar de forma sensible a este modelo empresarial; lo que no deja de resultar preocupante, teniendo en cuenta que estas empresas siguen siendo mayoritarias en la economía europea (especialmente en los países del Sur), y constituyen un factor estratégico en términos de mantenimiento a medio y largo plazo del tejido empresarial, creación de empleo, y desarrollo local y regional, especialmente en zonas deprimidas y en declive poblacional.
Sin embargo, tales empresas se enfrentan en el momento actual a crecientes dificultades para mantener su competitividad en un entorno económico y empresarial cada vez más complejo y en permanente cambio. De ahí que el Comité subraye la conveniencia de poner en marcha –no solo desde la UE, sino también desde los propios Estados miembros- políticas de apoyo específicas para este sector que favorezcan, por ejemplo, la atracción y formación de mano de obra cualificada, la formación de los gestores y propietarios de las empresas, el acceso a servicios de asesoramiento y consultoría, o la preparación específica del personal de las asociaciones empresariales y de las oficinas bancarias locales. Se insiste en la conveniencia de facilitar a estas empresas el acceso a la financiación a través de los cauces bancarios tradicionales (préstamos, garantías), o mediante el fomento de la reinversión de beneficios. Y se destaca, finalmente, la necesidad de insistir en la reducción de cargas burocráticas -por ejemplo mediante la creación de “ventanillas únicas”-, y en el acceso a la información sobre el entorno regulatorio y económico y sobre las oportunidades de negocio, especialmente en el ámbito geográfico más inmediato y en el terreno de la contratación pública, aprovechando a tal efecto las ventajas que proporcionan las nuevas tecnologías de la información y la comunicación