José María Tortosa
Presidente de la Asociación Murciana de Empresa Familiar
El año pasado en Alemania entró en vigor un nuevo Impuesto sobre Sociedades cuya principal novedad fue una reducción de 10 puntos en su tarifa. Curiosamente, a pesar de esta medida, en 2008 su déficit público fue el más bajo de la última década. Al mismo tiempo, este impuesto se redujo cinco puntos y medio en Italia y dos en el reino Unido. Siguiendo esta tendencia, en 2009 Grecia y Luxemburgo han estrenado un Impuesto sobre Sociedades con importantes reducciones. Y en Irlanda, el ministro de Economía ha lanzado un mensaje tranquilizador a las empresas que tienen su sede en este país asegurando que mantendrán el tipo impositivo en el 12,5 %. Conviene recordar que Irlanda se ha convertido en uno de los países con mayor renta per cápita de la UE gracias a la reducida presión fiscal que soportan las empresas que operan desde allí. Asimismo, Portugal ya ha bajado este tipo hasta el 12,5%.
Los expertos no se ponen de acuerdo al definir la coyuntura que atraviesa en estos momentos la economía mundial y española. Sin embargo, sí que hay unanimidad en la gravedad de todo lo que está sucediendo y en los profundos cambios que van a tener que afrontar todos los ciudadanos, administraciones y empresas. No hay duda de que las transformaciones sociales van a ser de una dimensión similar a la que ha supuesto la globalización, pero la adaptación a ellas va a ser mucho más dura.
Tal y como demuestran las medidas aprobadas por los países antes mencionados, uno de los elementos que está llamado a cambiar significativamente es el sistema fiscal. Reformarlo va a ser fundamental por dos razones. En primer lugar porque el inmovilismo en este área puede generar una importante pérdida de competencia para las empresas y para las regiones que aspiran a atraer en forma de inversión los cada vez más escasos recursos financieros. Y, en segundo lugar, porque su mejora siempre genera crecimiento del empleo y del consumo a largo plazo, las dos variables que más preocupan en estos momentos al Gobierno y a los empresarios.
Precisamente es en el largo plazo en donde fallan las medidas que ha aprobado el Gobierno hasta ahora. El plan de apoyo al sector financiero -que, por cierto, sigue sin llegar a las pymes-, los 8.000 millones de euros para infraestructuras municipales o la ampliación del subsidio por desempleo han sido medidas acertadas, pero ninguna tendrá un efecto más allá de los próximos doce meses y por eso no servirán para recuperar la senda de crecimiento de los pasados años. Tampoco aportan mayor competitividad al tejido productivo español.
Los empresarios familiares llevamos años mostrando nuestra preocupación ante el escaso dinamismo de nuestra Administración pública para adaptarse al entorno en el que vivimos. Durante este tiempo no nos hemos cansado de decir que el impuesto sobre sociedades que se paga en España es superior a la media europea; y que el impuesto sobre sucesiones y donaciones debe desaparecer en todo el territorio nacional, en la línea adoptada por muchas comunidades autónomas, entre ellas la de Madrid. Es el criterio imperante de la Unión Europea.
La auténtica competitividad fiscal de nuestra economía y, por consiguiente, de nuestro sistema productivo, la conseguiremos con medidas que vayan en la dirección descrita, sin olvidarnos de aliviar la presión tributaria sobre el empleo, y de mejorar también sustancialmente, el marco de apoyo a la I+D+i. Todas estas propuestas antes eran adecuadas, pero ahora se han vuelto imprescindibles, inaplazables. Cuanto más se tarde en reconocer esta realidad más tarde llegará el final de la crisis.
